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El tate quieto que le puso el juez federal de distrito, Richard Gergel, a la ley antiinmigrante SB 20 de Carolina del Sur era algo que se veía venir desde el lunes 19 de diciembre, cuando escuchó los argumentos de las partes en el recinto de su corte en Charleston.
Lo digo porque estuve un rato en la audiencia y vi a Gergel interrogando al abogado André Segura, del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Gergel anotó ese día, antes de anunciar su decisión de bloquear los aspectos más severos de la ley, las complicaciones que la normativa traería para el estado al dar facultad a los agentes de la ley locales y estatales de preguntar por el estatus migratorio de los sospechosos de ser indocumentados, al obligar a la gente a portar papeles para probar su estatus y al castigar quienes alberguen o le den un “aventón” a un peregrino en necesidad.
Cuando Gergel hizo públicamente la observación de que hasta un ciclista que va a una tienda podría resultar perjudicado, supe que los abogados de la gobernadora Nikki Haley no tenían chance.
La parada que le dio Gergel a la draconiana legislación, que habría entrado en vigor el 1 de enero de 2012, marcó la constante de 2011, que las cinco leyes estatales antiinmigrantes aprobadas durante el año fueron frenadas en las cortes.
Eso ocurrió también con las iniciativas aprobadas por las legislaturas y los gobernadores de Alabama, Georgia, Indiana y Utah.
Eso también pasó con la madre de todas las leyes, la SB 1070 de Arizona, que se sancionó en 2010 y que finalmente terminará siendo decidida en la Corte Suprema de Justicia.
Lo malo es el ambiente de terror que han creado estas normativas contra la
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