|
Silvia Otero
(EL UNIVERSAL).- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), invocó la inmunidad soberana que prevé la ley en Estados Unidos, a favor del ex presidente Ernesto Zedillo, a fin de que se deseche la demanda que se presentó en su contra en una Corte norteamericana por la masacre de indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997.
Aunque la Cancillería se negó a proporcionar detalles sobre la petición realizada en noviembre de 2011 ante el Departamento de Estado, autoridades diplomáticas detallaron que la Embajada de México a cargo de Arturo Sarukhán se encargó de presentar la solicitud, entre otros argumentos, por el carácter de ex mandatario del demandado.
La denuncia contra Zedillo por delitos de lesa humanidad fue presentada en septiembre pasado ante la Corte Federal en Hartford, Connecticut, ya que reside en el estado y es profesor en la Universidad de Yale en New Haven.
Una decena de deudos de algunas de las 45 víctimas de Acteal, demandaron al entonces Ejecutivo Federal por acciones y omisiones durante los hechos que propiciaron la masacre, así como de encubrimiento de los responsables.
- Leyes contra la tortura
Esta denuncia es viable ya que existen la ley de Protección a Víctimas de Tortura, que data de 1991, así como la de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, de 1992, las cuales permiten a ciudadanos de otros países emprender acciones legales en las cortes de Estados Unidos contra presuntos responsables.
La primera norma autoriza tanto a los extranjeros como a los ciudadanos de Estados Unidos a que entablen una acción de daños contra todo individuo que practique la tortura o cause la muerte extrajudicial en el ejercicio de una “autoridad real o aparente o al amparo del derecho de cualquier nación extranjera”.
Sin embargo, los gobiernos extranjeros no pueden ser encausados en los Estados Unidos, de acuerdo con la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FIAS por sus siglas en inglés) que entró en vigor en 1976, que es la que invocó la Cancillería a favor de Zedillo, y que se aplica en casos de Estados o funcionarios, donde los jueces norteamearicanos renuncian a someter a juicios mercantiles, penales o financieros a un demandado.
De acuerdo con agencias noticiosas, la petición del gobierno de México presentada en noviembre para que se aplique la
...
|
rss
